Por lo menos dos lecturas preocupantes tuvieron las declaraciones de la semana pasada del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional y las reacciones de los políticos que provocaron, lo que en un estado que al cambio de gobierno ha experimentado un crecimiento de la inseguridad y la delincuencia como lo es Quintana Roo es por lo menos motivo de alerta.
El comandante divisionario aseveró el jueves en que la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong debe impulsar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, petición –casi exigencia– que se explicaría en principio no sólo porque el Ejército Mexicano recibió hace 10 años, junto con la Secretaría de Marina-Armada de México, la inopinada tarea de combatir en las calles y los montes a la delincuencia organizada, sino por lo que declaró inmediatamente, causando revuelo y hasta zozobra en todo el aparato de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
Cienfuegos señaló que los militares no estudian para combatir a la delincuencia, demandando la vuelta de las fuerzas armadas a sus cuarteles con el fin de cumplir su misión constitucional que desde luego no es esa que les impuso Felipe Calderón Hinojosa una década atrás y que su sucesor Enrique Peña Nieto ratificó durante los primeros cuatro años de su mandato.
Como desacuerdo, hasta insubordinación ante el primer comandante de las fuerzas armadas de la nación que es el jefe del Poder Ejecutivo fueron calificadas como primera reacción por la opinión pública las declaraciones del jerarca militar, con connotaciones no necesariamente negativas. El calificativo de “valiente” no escaseó el fin de semana al referirse al general Cienfuegos.
Sin embargo la supuesta rebeldía castrense poco después fue matizada al grado de que pudiera hasta entenderse como una estrategia política del gobierno de Peña Nieto para abrir el camino a la retirada de militares y marinos de los espacios civiles que han ocupado en su guerra contra el crimen organizado. Se trataría, pues, del principio de la retirada para devolver a las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno la tarea de combatir a la delincuencia, que ahora ya no distingue la responsabilidad de cada esfera gubernamental en dicha tarea en atención al fuero de los delitos: las policías municipales y estatales ya tienen facultades y obligaciones constitucionales para combatir las ofensas del orden federal.
Renato Sales Heredia, comisionado de Seguridad Pública, no sólo aseguró que la Segob y el gobierno de Peña Nieto están de acuerdo con las peticiones de Cienfuegos, sino que hizo un llamado al Poder Legislativo para que actúe en ese sentido y exigió a los gobiernos locales que asuman sus respectivas responsabilidades en la lucha contra el crimen.
Textual, criticó que los gobiernos estatales y municipales pidan “que venga el Ejército, que venga la Armada, que venga la Policía Federal, y me desentiendo de mis responsabilidades en la luchas contra la delincuencia, y si algo sale mal, responsabilizo al gobierno federal”.
Hay pocas dudas sobre lo fallida que resultó una década de la guerra calderonista contra la delincuencia organizada. Reforma publicó en un análisis contundente:
“Una década después, el parte de guerra arroja más de 174 mil muertos, casi 30 mil desaparecidos, al menos 50 mil huérfanos, un número no cuantificado de lisiados y un costo al erario que supera los 1.8 billones de pesos.
“Iniciada el 11 de diciembre de 2006 con el Operativo Conjunto Michoacán, la “guerra” pretendía recuperar territorios en manos del crimen organizado, devolverles la paz a los mexicanos, desmantelar las bandas del narcotráfico y evitar que aumentara el consumo de drogas”.
Pero ojo: un estado con un gobierno que en temas de seguridad ha recibido las peores críticas por no haber tenido la capacidad de enfrentar a las pandillas inspiradas en la salvadoreña-angelina Mara Salvatrucha, que padece las secuelas de la corrupción policial de un par de sexenios y del aumento ya no tan discreto de las actividades de los cárteles del narcotráfico, no sólo en el trasiego sino en la venta al menudeo y en las actividades delincuenciales complementarias –la extorsión, el secuestro, los “levantones” ya las ejecuciones– de ninguna manera está preparado para asumir el combate a los delitos federales.
Que Peña Nieto tire la toalla en la recta final de su mandato pudiera ser catastrófico para los estados y municipios, que en nombre de la fallida cruzada de los gobiernos federales fueron abandonados en sus propios sistemas de seguridad pública, que acabaron en muchos casos por convertirse en semilleros para las propias bandas delicuenciales de todas las dimensiones.
Vamos: ni siquiera el aumento de los delitos del fuero común, como los robos a domicilios y comercios, han provocado siquiera una estrategia para emprender su combate. Quintana Roo y sus municipios, por lo menos, no están preparados ni lo estarán en el corto y mediano plazos para asumir esas responsabilidades.
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