Los recientes ataques a policías de Cancún, a las instalaciones de la Fiscalía y un centro de diversión de Playa del Carmen tienen a prueba a los gobiernos municipal y estatal.
Pero no es la primera vez: también estuvieron a prueba en 2009, cuando fue asesinado un general del Ejército que venía a hacerse cargo de la policía de Cancún; en 2002 con la ejecución de nueve agentes de la Policía Federal que fueron calcinados en tambos de basura y así con otros hechos graves.
Lo que vivimos hoy es una nueva ola de violencia, similares a otras que se han dado justo en el cambio de gobiernos. Pareciera que el crimen organizado gusta de calar a los nuevos gobernantes, saber de qué están hechos.
Sin embargo, las actuales autoridades estatales y municipales, principalmente de Solidaridad y Benito Juárez, los asolados por la ola de ataques del crimen organizado, tienen el reto de hacer las cosas diferentes y marcar un parteaguas.
Casi siempre hechos similares se han registrado cuando en el gobierno del estado y en Benito Juárez no coinciden gobernantes del mismo signo partidista. Pareciera que los mafiosos buscan aprovechar ese pequeño gran detalle, de sacar raja de ese tiempo que se pierde para que se pongan de acuerdo el gobierno del estado y los gobiernos municipales.
Y justamente allí debe estar la altura de miras de los actuales gobernantes y marcar un parteaguas en la organización y combate del crimen organizado con el apoyo del gobierno federal, que es el que tiene más recursos.
El tema de quien manda o no en las policías debe ser zanjado. No repetir lo de siempre. Quienes se oponen hoy al mando único de las policías la apoyaron en el pasado y quienes la apoyan ahora se opusieron ayer.
No podemos seguir así. Hay que cortar esa película, dejar de politizar la seguridad. De por sí el marco legal que la regula es tan compleja e ineficiente, que no hay necesidad de complicar aún más las cosas en beneficio de los malos.
En 1994, cuando el crimen organizado empezó a tener gran notoriedad en país, se
conformó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y apenas el año pasado se aprobó una ley general sobre la materia, pero el marco jurídico sigue inoperante e incompleto, pues hasta la fecha no se precisa en qué momento la federación debe intervenir una policía estatal y cuándo ésta debe tomar el control de una corporación municipal.
Esa disposición general dejó “para después y para otra ley” definir esas circunstancias y hasta ahora no se ha hecho. No hay que desesperarse: la nueva ley general tardó seis años en discusión. Los legisladores no tienen la misma prisa que la sociedad.
Llevamos 22 años en los que México opera la seguridad pública a través de un Sistema Nacional, que pretende privilegiar la coordinación institucional para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, dicho Sistema pareciera que no ha dado los resultados deseados.
Y es que la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene dientes para obligar a sus partes a cumplir con sus compromisos. Además, la conformación quedó bien en el papel, pero no en la práctica.
En el papel, la ley parece que contempla de manera eficiente la coordinación, pero en la práctica, en razón de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, uno de los organismos que componen ese sistema nacional, es inoperante ya que solamente la componen dos presidentes municipales por estado, cada uno de partidos políticos e intereses diversos y con una vigencia de sólo tres años para su gestión.
Esto provoca la imposibilidad de políticas públicas que contemplen los intereses de todos los municipios. Además, al durar sólo tres años en el cargo sus integrantes, los acuerdos adoptados no encuentran solución ya no sólo por la falta de voluntad política, sino también por la insuficiencia de tiempo y de continuidad de la siguiente administración municipal.
El problema de la seguridad es una herencia maldita, está politizada y lo mejor que deben hacer los actuales gobernantes frente a la inoperancia de los órganos federales, es despolitizarla.
Unidos en un frente común y con una planeación a futuro, se pueden obtener mejores resultados y enviar un mensaje contundente a la delincuencia, pero también al gobierno federal.
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