Semarnat clausura instalaciones de Calica en Playa del Carmen

Playa del Carmen, 6 de mayo 2022.- El gobierno federal de México endureció su postura en contra de la operación de la empresa Vulcan y esta mañana dio a conocer que la Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), clausuró la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen en instalaciones de CALICA.

En un comunicado, se dio a conocer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acudió a verificar las actividades que realizaba la empresa y colocó de manera preventiva sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

“El subsuelo es propiedad de la nación y quien hace uso de este sin permiso, viola las leyes mexicanas”, precisó la Semarnat en un comunicado.

Asimismo, precisó que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo.

Añadió que como resultado de las acciones en contra del aprovechamiento indebido de los recursos naturales del país y del deterioro del medio ambiente, en días pasados la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en el predio La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De acuerdo con la información que se proporcionó, durante la visita se verificó si se daba cumplimiento a la normatividad ambiental federal por parte de la empresa en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental, con motivo de sus actividades y de las obras que ha construido.

Además, derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.

La dependencia refirió que anteriormente, en 2017 y 2018, la Profepa había impuesto una clausura y sanciones administrativas a esta empresa por aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado, en superficie y temporalidad en el predio “El Corchalito”, lo que derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reclamando una compensación de más de mil quinientos millones de dólares estadounidenses, más intereses y gastos procesales.

La Semarnat insiste en que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.

En 1986, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Gobierno de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, sin determinar un plazo de vigencia, ni volumen de explotación específico.

El segundo permiso lo obtuvo en 1996 para explotar piedra caliza por encima del manto freático en dos nuevos predios: El Corchalito y La Adelita, con una superficie conjunta de 1,251 hectáreas. Y el 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, se dio el tercero por 20 años para explotación de roca caliza por debajo del manto freático en estos predios.

 En apego a la política ambiental del Gobierno de México, las instituciones que forman parte del sector ambiental seguiremos nuestras funciones para lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece nuestra Constitución, y velando por el interés general y el bien común, por encima de intereses particulares que ponen en riesgo la riqueza natural, y sin consultar ni pensar en las comunidades. (Infoqroo)

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