CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre.— El anuncio de la eliminación del estatus de exención “en tránsito” para los pasajeros de cruceros ha encendido la polémica en el sector turístico y portuario de México.
En respuesta a la preocupación de la industria, el senador de Morena Eugenio “Gino” Segura presentó una reserva en el Senado para postergar 180 días la entrada en vigor de esta medida, que está prevista para 2025 y generará un cobro de 42 dólares por pasajero que arribe al país por vía marítima.
Desde su reciente nombramiento como presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Segura explicó que su propuesta busca evitar un impacto negativo en el turismo de cruceros, una de las actividades económicas más importantes para estados como Quintana Roo, Baja California y Guerrero.
Según el legislador, la prórroga permitirá una implementación más gradual, dando tiempo a las líneas de cruceros y a los puertos mexicanos para adaptarse al nuevo escenario.
“Este ajuste pretende equilibrar las necesidades de recaudación fiscal con la protección de sectores estratégicos para la economía. Queremos evitar una afectación directa en destinos que dependen de la llegada de turistas vía crucero y preservar los empleos que genera esta industria”, señaló el senador.
Reclamos de la industria de cruceros
El impacto del nuevo impuesto ha sido ampliamente criticado por la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), que agrupa a las principales navieras del mundo, como Royal Caribbean, Carnival, Disney y Celebrity Cruises.
En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, las empresas señalaron que este cobro convertirá a México en un destino 213% más caro que el promedio de los puertos del Caribe.
“Confiamos en que coincidimos en que México y la industria de cruceros han disfrutado de una relación mutuamente beneficiosa a lo largo de los años. Sin embargo, esta medida representa una grave amenaza para esa relación, afectando tanto a los destinos como a las comunidades que dependen del turismo de cruceros”, destaca el documento.
Las navieras advirtieron que, de implementarse este cobro, podrían verse obligadas a cancelar rutas hacia México, afectando a más de 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas programadas para 2025.
Además, resaltaron que el turismo de cruceros aporta anualmente más de 1,000 millones de dólares a la economía mexicana, genera más de 20,000 empleos y representa hasta el 40% del PIB en regiones como Quintana Roo.
Impacto en destinos clave
Cozumel y Mahahual, principales receptores de cruceros en Quintana Roo, serían algunos de los destinos más afectados por esta medida. Según la FCCA, la medida también pondría en riesgo inversiones de miles de millones de dólares destinadas a desarrollar infraestructura portuaria, apoyar a comunidades vulnerables y fomentar nuevos destinos turísticos en el país.
“Además del impacto inmediato, las líneas de cruceros están reevaluando la viabilidad de proyectos de inversión planeados en México. El cobro adicional podría desincentivar las futuras relaciones comerciales y comprometer el crecimiento económico de las regiones costeras”, indica la carta dirigida a la mandataria.
La respuesta del Senado
La iniciativa de Segura representa un intento por abrir el diálogo entre el Gobierno federal y la industria de cruceros, buscando una solución que preserve la competitividad de los puertos mexicanos sin sacrificar los ingresos fiscales previstos en la Ley Federal de Derechos.
El senador enfatizó que la medida busca preservar la estabilidad de la industria mientras se implementa el nuevo esquema de cobro. Sin embargo, advirtió que será fundamental lograr consensos con las navieras para minimizar las repercusiones económicas y sociales que podría acarrear esta decisión.
“Estamos comprometidos con un enfoque colaborativo que permita mantener a México como un destino líder en el turismo de cruceros, sin comprometer la sustentabilidad económica de las comunidades que dependen de esta actividad”, concluyó Segura.
La discusión sobre esta propuesta y el destino final de la medida aún están en manos del Senado, con un desenlace que será clave para la relación entre México y la industria de cruceros en los próximos años.