CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre.— La mayoría de la 4T en el Senado rechazó sendas propuestas presentadas por sus compañeros de bancada de Quintana Roo, Anahí González Hernández y Eugenio Vázquez Segura, que buscaban “amortiguar” el impacto de un cobro a turistas de crucero y que el 33 de esos recursos sean destinados a obras de infraestructura para Cozumel y Mahahual.
Los propios senadores quintanarroenses votaron en contra de que sus propuestas fueran debatidas.
“Como representante de una entidad netamente turística he escuchado la sentida preocupación del sector empresarial y náutico y estoy aquí para dar la cara. De modo que he tenido a bien presentar una reserva que busca establecer que el 33% de los 860 por crucerista sea destinado a inversión pública para infraestructura para el desarrollo socioeconómico de los municipios y comunidades que generan este impuesto”, expuso.
De acuerdo con las reformas a la Ley Federal de Derechos, que se discute en el Senado, a partir del próximo año los turistas que lleguen a través de los cruceros, deberán pagar $860 pesos para ingresar al país.
Cozumel y Mahahual son los destinos más importantes para la industria de los cruceros a nivel internacional.
Hasta ahora, ese Derecho de no Residente (DNR) solo se aplicaba a turistas que llegan por la vía aérea o terrestre.
La intención del gobierno federal es que el 67% de esos recursos se entreguen a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 33% a la Tesorería de la Federación.
“Queremos mejores servicios para nuestros destinos turísticos y que el 33% de este impuesto sea destinado a mejorar la calidad de vida en los destinos turísticos”, afirmó.
Por su parte, Eugenio Vázquez Segura, presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, no subió a la tribuna, pero presentó un escrito solicitando que sus propuestas fueran incluidas en el diario de los debates.
Sin embargo, ambas propuestas fueron sometidas a votación y rechazadas por los senadores de su propio partido, quienes optaron por mantener el esquema original de recaudación.
Antes de que la propuesta sea rechazada, la senadora González insistió en que las reformas planteadas al impuesto de no residente buscan equilibrar el uso de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades insulares y costeras, especialmente en un estado tan dependiente del turismo como Quintana Roo.