Por estas fechas, al presidente Andrés Manuel López Obrador ya le debió quedar claro que no es rentable su apotegma de tener colaboradores que sean 90% leales y 10% capaces.
Por graves irregularidades en el proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el primer paquete de reformas electorales, que formaban parte del llamado Plan B que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este primer paquete estaba conformado por dos leyes. Ley General de Responsabilidades Administrativas que eliminaba todas las restricciones que evitan que los servidores públicos realicen trabajo de proselitismo en horario laboral y destinen recursos públicos para ello, y otra, la de Comunicación Social, que quebrantaba los principios de neutralidad y equidad, impidiendo elecciones limpias, transparentes e imparciales, avasallando severamente la estabilidad de la gobernabilidad democrática en México.
Con estas acciones, no solo se enmienda la plana a los legisladores de la 4T, sino que también se evita que la mañanera se convierta en la gran plataforma de comunicación de la próxima campaña presidencial.
Con su fallo del lunes 8 de mayo, el Poder Judicial de la Federación exhibió la falta de seriedad, la falta de profesionalismo y lo mal hecho que son los legisladores federales de la Cuarta Transformación, pues aprobaron leyes sin cumplir con los procedimientos legislativos básicos.
El proceso legislativo no está por capricho y tampoco se ejecuta a contentillo de una mayoría de moda. Es fundamental para garantizar la validez de las leyes que se aprueban en un país, y esto es particularmente importante en un sistema democrático.
Cualquier norma que sea aprobada tiene que cumplir plenamente con todos los pasos legislativos. No es válido afirmar que por tener mayoría, cualquier grupo parlamentario puede hacer lo que quiera.
Estas leyes se aprobaron de madrugada sin que se publicara con tiempo suficiente en la Gaceta Legislativa, para que las legisladoras y legisladores conocieran su contenido y la analizaran.
Tampoco fueron dictaminadas en comisiones. Todo lo hicieron en sentido contrario de los principios rectores de transparencia, sin respetar el concepto de parlamento abierto que se practica en todas las democracias. Esto confirma la falta de compromiso de la 4T con estas buenas prácticas.
Sus legisladores actuaron como vil pandilleros azuzados por un líder abusivo que les ordenó conseguir lo que él quería para legalizar sus acciones porriles en el proceso electoral del próximo año.
Y como estos legisladores están llenos de soberbia, arrogancia y prepotencia y que pueden hacer las cosas cuando y como ellos quieran, creyeron que lo podían todo. Pero se toparon con la realidad realidad, no con la realidad alterna en la que se desarrolla la 4T.
Apareció su madre, la Corte, con su chancleta para educarles, para enseñarles que deben tener tantita responsabilidad y orden en lo que hacen.
Una vez anulado el primer paquete del llamado Plan B del Presidente, al Poder Judicial le queda por resolver otro grupo de reformas electorales que fueron aprobadas en la misma sesión en la que no se cumplieron los procedimientos legislativos y se hicieron las cosas de manera inapropiada.
Debido a esto, se da por descontado que la Corte también las anulará, independientemente del fondo de estas reformas. Se trata de cuatro leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se plantea la reestructuración del INE, el despido de miles de sus trabajadores y la desaparición de los institutos electorales de los estados. También están las reformas a la ley de partidos políticos y a la ley del poder judicial, que entre otras cosas, desaparecen las salas regionales del Tribunal y la nueva ley general de sistemas de medios de impugnación en materia electoral.
Las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron en contra de estas reformas se tienen que resolver y notificar antes del 1 de junio, porque con base en la ley anterior que seguirá vigente con estas anulaciones, se establece que el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre y por tanto, las reglas deben estar definidas 90 días antes.
Esos recursos tendrán que analizarse con el mismo criterio que se aplicó el lunes y que sentó un precedente, es decir, que cualquier norma que sea aprobada tiene que cumplir plenamente con todos los pasos legislativos. Por lo tanto, ya se puede decir que ese paquete de cuatro reformas ya tiene sentencia previa.
La moraleja para el presidente López Obrador es que, a partir de este momento, tiene que ordenar su casa, cambiar de estrategia y mandar productos legislativos apegados a la Constitución y procesados legislativamente conforme lo marca la ley o, mejor aún, que ya baje la cortina.
Ya lleva varios reveses, tanto en el Congreso de la Unión como en la Corte. Ya le debió quedar claro, ya debió darse cuenta de que el apotegma de 90% de lealtad y 10% de capacidad, no es rentable. Debe tener gente que sepa hacer bien las cosas.