CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero.— En medio de la creciente tensión social en Sinaloa, donde miles de ciudadanos exigen la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de cualquier intervención en el futuro político del mandatario estatal.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum afirmó que la labor del Gobierno federal es proteger a las familias y construir la paz, pero dejó claro que no le corresponde decidir la permanencia de los gobernadores.
“Había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del Gobierno federal”, declaró la mandataria. “Nuestra tarea es apoyar a las familias de todo el país y construir la paz en Sinaloa y en México”.
Crece la presión en las calles
Mientras tanto, Culiacán vivió ayer una de las mayores movilizaciones ciudadanas en meses. Cerca de 10 mil personas, el doble de las que protestaron hace tres días, tomaron las calles principales para exigir justicia, seguridad y la renuncia de Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena.
Vestidos de blanco y con pancartas en mano, los manifestantes corearon consignas como “Narcogobernador”, “Fuera Rocha” y “El pueblo da, el pueblo quita”. Entre los participantes había niños, familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia, quienes exhibieron piñatas con el rostro del gobernador y fotografías de sus seres queridos asesinados o desaparecidos.
La marcha también incluyó reclamos de justicia por el brutal asesinato de Antonio Sarmiento y sus hijos Gael y Alexander, de 12 y 9 años, un caso que ha conmocionado al estado. En paralelo, las imágenes de desaparecidos, que antes no se mostraban por temor a represalias del crimen organizado, se hicieron visibles en esta movilización.
Una crisis en escalada
Sinaloa enfrenta una narcoguerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que, en apenas cuatro meses, ha dejado cerca de mil desaparecidos y más de 800 asesinados. Esta ola de violencia ha generado un clamor ciudadano que exige no solo justicia, sino también un cambio en la administración estatal, a la que acusan de ser permisiva con el crimen organizado.
Pese a la presión social, Rubén Rocha Moya no ha emitido un pronunciamiento claro sobre los señalamientos en su contra ni sobre la creciente exigencia de su renuncia. Por su parte, el Gobierno federal se mantiene enfocado en labores de apoyo y pacificación en la región, aunque la crisis en Sinaloa sigue siendo una prueba de fuego tanto para el mandatario estatal como para la administración de Sheinbaum.