Washington. La muerte de Breonna Taylor, la joven negra tiroteada por la policía mientras dormía en su casa de Louisville, Kentucky, quedará impune. Más de seis meses después de que tres agentes irrumpieran en su casa y la tirotearan durante una investigación en la que se equivocaron de sospechoso, ayer un gran jurado acusó solo a uno de los policías de “conducta peligrosa” por haber disparado su arma a un apartamento contiguo, ni siquiera por haber descargado su arma mortalmente contra Taylor.
Como era de esperar, la decisión encendió otra vez la chispa de las protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Como era de esperar, la decisión encendió otra vez la chispa de las protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Dos oficiales resultaron heridos de bala durante las protestas anoche en la ciudad. “¡Sin justicia no hay paz!”, fue el clamor general. En Nueva York también hubo disturbios.
El caso de Taylor, icónico del resurgir del movimiento Black Lives Matter junto al de George Floyd, se une a la larga lista de tiroteos fruto de la violencia excesiva de la policía que acaba indemne en la justicia de Estados Unidos, sin repercusiones para aquellos oficiales que abusan de su posición y causan muertes por las que después no rinden cuentas. Se resolvió como casi siempre: pasando página y sin proceso judicial.
El gran jurado se limitó a acusar al exdetective Brett Hankison de “imprudencia temeraria” por poner en riesgo la vida de tres vecinos de la víctima, al disparar “a ciegas” y poniéndoles en “riesgo substancial” durante el allanamiento (erróneo) del apartamento de Taylor. Disparos que rompieron un cristal pero no hirieron a nadie de la vivienda contigua.
El fiscal general de Kentucky, el republicano Daniel Cameron, explicó que había “seis posibles acusaciones de homicidio” contra Hankinson y sus dos compañeros, los también detectives John Mattingly y Myles Cosgrove, pero que ninguna era “aplicable” porque el gran jurado resolvió que el “uso de fuerza estaba de Mattingly y Crosgrove estaba justificado para defenderse”.
La muerte de Taylor, técnica de emergencias en varios hospitales con aspiraciones de ser enfermera de 26 años, sucedió el pasado 13 de marzo en el transcurso de una operación antidroga: estaba en su casa con su pareja, donde la policía creía que había droga de un narcotraficante con el que la joven había mantenido una relación en el pasado. Taylor y su actual compañero, Kenneth Walker, despertaron alarmados por un ruido en la puerta; Walker disparó una bala que hirió a uno a Mattingly, y fue respondido con 32 disparos.
En la casa no había drogas. Al menos cinco balas impactaron en Taylor, la única que iba desarmada en todo el suceso, y ella murió en el acto.
Los laboratorios del FBI determinaron que la bala que mató a Taylor fue disparada por el detective Cosgrove. Mattingly fue el que disparó más balas. Ninguno de ellos fue acusado de absolutamente nada. Hankinson era el único que había sido apartado del cuerpo policial, con una carta de despido que aseguraba que mostraba “extremada indiferencia por el valor de una vida humana”. A los otros dos sólo se les dio de baja temporal.
Hankinson, de ser declarado culpable, podría enfrentarse a un máximo de 15 años de cárcel.
“La justicia penal no se concibió para responder a cada lamento y luto”, trató de justificarse el fiscal Cameron, visto como una estrella emergente del partido republicano y que está en la lista del presidente Donald Trump como futurible juez del Tribunal Supremo. “Entiendo el dolor que ha provocado la trágica pérdida de la señora Taylor. Por eso es importante asegurar que hicimos todo lo posible para descubrir todos los hechos y la verdad”, insistió Cameron, explicitando que para el fiscal no hubo crimen, solo una “tragedia”.
Desde hace días se intuía una resolución de este tipo, especialmente teniendo en cuenta que el relato se basaba en que la policía había disparado en respuesta a una agresión. El clamor para que se detuviera y enjuiciara por asesinato a los policías había llegado a grandes celebridades de Estados Unidos: una acusación por un delito menor y sin relación con Taylor era más que seguro que iba a despertar protestas y quejas.
El alcalde de Louisville había declarado el estado de alerta en la ciudad e impuesto toque de queda para las próximas tres noches. Se había puesto a todas las unidades de los servicios de seguridad y policía que estuvieran preparados para actuar, y se desplegó la Guardia Nacional. Todas las alarmas para unas protestas que no tardaron en aparecer.
Minutos después de conocerse la acusación, centenares de personas empezaron a congregarse, marchar y manifestarse por las calles de Louisville. Rápidamente los agentes policiales formaron con su equipo antidisturbios, y las detenciones se contaron por decenas.
“Sabía que no iba a satisfacer a todo el mundo con los cargos presentados hoy (miércoles)”, se resignó Cameron, insistiendo en que la decisión era la correcta. “La justicia no siempre es fácil ni encaja con el molde de la opinión pública”, dijo. Trump se limitó a comentar sobre el caso leyendo esa misma frase, añadiendo simplemente que se alegraba del despliegue de las fuerzas de seguridad.
“Es una decisión escandalosa y ofensiva”, criticó Ben Crump, el abogado de la familia de Taylor. “No tiene ningún sentido”, añadió la también letrada Lonita Baker. “Conducta peligrosa a un apartamento contiguo constituye conducta peligrosa a Breonna”, resolvió.
Para Carl Takei, abogado principal del proyecto de reforma criminal de la American Civil Liberties Union (ACLU), “la decisión demuestra por qué millones de personas han tomado las calles para protestar la violencia policial que ya conocían: el sistema criminal y policial actual está podrido hasta la médula”, muy crítico con una “racista e injusta institución policial que constantemente aterroriza nuestras comunidades”.
El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo que la decisión “no responde al llamado de justicia… Necesitamos resolver el uso excesivo de la fuerza, las prácticas de asfixia”.
