El portal Aristegui Noticias, en conjunto con el diario holandés Trouw, dio a conocer una investigación en la que involucra al empresario de origen libanés, Carlos Slim Helú, con la adquisición de los derechos de transmisión de películas de la llamada “época de oro” del cine mexicano, para la posible evasión de impuestos, cuestión que el Grupo Carso, propiedad del magnate, negó rotundamente dicha acción.
La investigación, parte de los Panama Papers, revela cómo Ismael Rodríguez Vega y Roberto Rodríguez Enríquez, herederos de transmisión de 253 películas, evadieron al fisco durante la venta de los derechos por un monto de 35 millones 420 mil dólares a la empresa América Móvil de Slim.
Como representantes de los hermanos, intervino el despacho Doporto & Asociados y la firma Mossack Fonseca, la cual se encargó de crear una estrategia que pasó por fideicomisos de Nueva Zelanda, Amsterdam y las Islas Vírgenes Británicas.
La transacción se hizo en dos momentos. Primero en 2014, cuando los hermanos entregaron por 500 mil dólares los derechos de esas cintas a una empresa holandesa llamada Movie Capitals, la cual sólo existe en papel y fue creada por el despacho Infintax en Ámsterdam.
Cinco meses después, esos mismos derechos se vendieron a la compañía América Móvil en 35 millones 420 mil dólares, es decir 70 veces el valor de la primera operación.
Las ganancias de los hermanos Rodríguez Ruelas cayeron en una red de fideicomisos en Nueva Zelanda, empresas en Holanda y las Islas Vírgenes Británicas.
Mossack Fonseca recurrió en Nueva Zelanda a uno de sus ejecutivos más experimentados, Daniel León, el mismo del caso Higa, para abrir los fideicomisos: Petrus y Potros, en los que los herederos de las películas mexicanas aparecen como beneficiarios.
Después crearon una compañía en las Islas Vírgenes Británicas a la que llamaron Vortex Global Business, la cual también únicamente existe en el papel, no tiene oficinas, pero si cuentas bancarias en Italia, como propietarios pusieron a dos empresas creadas recientemente en Holanda Meredith y Montura.
El abogado Bernardo Jaskille, en aquel entonces miembro de Doporto & Asociados, a través de un correo electrónico a Mossack Fonseca aseveró que deseaban tener una estructura de negocio suficientemente sólida para “romper el vínculo de control que marca la legislación mexicana en su Código Fiscal”.
Dentro del lote de 253 películas que los hermanos pusieron a la venta por no haber llegado a ningún acuerdo comercial con Televisa, se encuentran títulos como “Píntame angelitos negros”, “Ay Jalisco no te rajes”, “Los Tres García”. También están las películas del Santo, el enmascarado de plata, y títulos como “El Gato con Botas”, “Rubí” y “Caperucita Roja”.
Pese a que el abogado Luis Doporto aseguró en entrevista para los investigadores de Aristegui Noticias que únicamente apoyó a los hermanos con la primera transacción, es decir, la venta de los títulos a Movie Capitales y que desconocía el resto de las transacciones, los Panama Papers documentan que tanto los abogados Bernardo Jaskille, Lea Maud Fischer y el mismo Doporto, tenían conocimiento de la estructura desde el principio.
En los correos electrónicos se demuestra que los despachos de abogados armaron empresas de papel que simulaban tener interés en la venta de películas.
La firma Vortex Global Bussines, creada en las Islas Vírgenes Biritánicas, fue el eje sobre el que giró la operación. Sus directivos, trabajadores de Mossack Fonseca, contrataron a otra firma, Movie Capitals, también controlada por el despacho panameño, para que comprara las películas a la familia Rodríguez por 500 mil dólares.
Ya con los derechos, Movie Capitals vendió las cintas a América Móvil por 35 millones, de los cuales retuvo 4.75 por comisiones. El restante, fue enviado a la cuenta de Vortex en Italia, la cual, a su vez, redistribuyó el dinero hacia las empresas holandesas operadas por fideicomisos en Nueva Zelanda donde los hermanos Rodríguez aparecieron como beneficiarios, de esta forma evitaron reportar el 100 por ciento de la operación en México y el dinero podía quedarse en el extranjero.
Un portavoz de América Móvil dijo a Aristegui Noticias que el papel de la multinacional fue verificar la identidad de los vendedores y el material.
Al llegar a un acuerdo sobre el precio y condiciones, la empresa de Carlos Slim depositó los recursos y firmó los contratos correspondientes y aseguró no conocer las operaciones previas de la familia Rodríguez y en todo caso ellos deben responder por el pago de sus impuestos.
Ante esto, Renato Flores Cartas, responsable de la comunicación corporativa de la empresa, rechazó cualquier tipo de involucramiento con una operación que sea o parezca relacionada a prácticas de evasión fiscal.
“Precisamos que en una operación en la que se es comprador, como la que refieren en la nota, no existe la evasión de impuestos, pues siempre al efectuarse una adquisición se cubre el pago correspondiente de gravámenes”, aclaró al periódico Zócalo, de Saltillo, quien le solicitó una declaración al respecto.