Ciudad de México, 18 de julio.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que la revisión del Pacto Fiscal entre la federación y los estados “tarde o temprano se tiene que hacer”.
Un estudio sobre la viabilidad de revisar el acuerdo en materia tributaria entre las entidades y el gobierno federal, realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, recoge los señalamientos del senador y dice que debe iniciar el análisis de este pacto para su revisión.
En la víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció como legítimo ante el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el reclamo de algunos gobernadores para revisar el Pacto Fiscal y obtener más recursos para sus entidades.
De cara a la posibilidad de que el Pacto Fiscal de nuestro país sea sometido a revisión, el Senado analiza los escenarios mediante el estudio el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una herramienta para el Federalismo, hecho por la investigadora María Cristina Sánchez Ramírez.
En él se apunta que se requiere continuar con los trabajos en el marco del federalismo fiscal para fortalecer las haciendas locales e incluir a los municipios con la finalidad de disminuir la dependencia a las participaciones federales.
Explica que dicho sistema ha sido un instrumento que el Estado mexicano utiliza para armonizar las facultades de la Federación y de las haciendas locales, establecer funciones concurrentes con el objetivo de evitar la doble tributación, así como para aumentar la recaudación y lograr una mejor distribución de los ingresos obtenidos a través de los impuestos coordinados.
En medio de la crisis económica por el COVID-19 y en la antesala para las elecciones de 2021, algunos gobernadores han reabierto el debate sobre el actual pacto fiscal, por el cual los estados reciben recursos de la Federación, que equivalen a aproximadamente el 90% de sus ingresos.
En este sentido, datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2020 se estiman más de dos billones de pesos en ingresos totales de las entidades, de los cuales 1.7 billones son transferidos por el gobierno federal a través de aportaciones (759 mil 760 millones de pesos), destinadas a fortalecer a las entidades en temas como salud, educación, seguridad, entre otros, que son recursos etiquetados, y participaciones (948 mil 747 millones de pesos), las cuales buscan incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de cada entidad.
Estas últimas se distribuyen a través de una fórmula contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal que contempla la recaudación de las entidades, el PIB, la población, entre otros elementos. Eso es lo que ha inconformado a algunos mandatarios quienes argumentan que los recursos que reciben son pocos en comparación a lo que la Federación recauda en sus territorios.
El estudio del IBD del Senado sostiene que las bases establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y en los instrumentos de adhesión y de colaboración han permitido construir un sistema de distribución de ingresos federales para compensar los ingresos por los gravámenes suspendidos por las entidades federativas.
El documento del IBD destaca que en otras ocasiones los cambios administrativos y las modificaciones legislativas, se han logrado por el acuerdo de voluntades entre los tres órdenes de gobierno, tal y como lo muestran las conclusiones y compromisos suscritos en las tres Convenciones Nacionales Fiscales y en la Convención Nacional Hacendaria.
La investigación del IBD reitera que es fundamental lograr acuerdos para que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establezcan las bases de la planeación hacendaria no solo para una mayor distribución de los recursos tributarios en beneficio de la población, sino también para atender las necesidades de los habitantes y de los lugares en los que viven.
