CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto.- A más de una década de mantener congeladas las cuentas de varios empresarios afectados por el caso de la Banca Privada de Andorra, la controvertida jueza Stéphanie García y Joan Carles Moynat Rossell continúan obstaculizando la resolución a favor de uno de los empresarios, intentando desprestigiarlo, a pesar de que no se ha podido comprobar que el origen de sus recursos sea ilícito.
Entre este grupo de afectados, provenientes de distintas partes del mundo, se encuentran mexicanos, cuyas cuentas suman varios millones de euros que siguen retenidos de manera injusta, bajo procedimientos poco claros de las autoridades del Principado de Andorra, donde imperan la opacidad y la violación de derechos humanos.
Uno de los empresarios de origen mexicano, que por seguridad ha preferido no exponer sus datos personales, recientemente expresó su preocupación por los argumentos infundados con los que buscan despojarlo de sus bienes, al tratar de vincularlo con lavado de dinero, pese a que mediante pruebas y auditorías internacionales se ha demostrado que sus negocios son completamente lícitos.
“Es una mentira más que están utilizando las autoridades de Andorra en mi contra. Después de casi 10 años, siguen dañando mi integridad, cometiendo actos de discriminación por ser mexicano. He vivido una persecución y un daño irreversible a mi patrimonio. Ahora intentan vincular mi caso con delitos que jamás he cometido”, mencionó.
El empresario responsabiliza a Joan Carles Moynat Rossell por haber emprendido la persecución en su contra, valiéndose de su cargo para girar una orden de aprehensión injustificada, con el fin de amenazarlo e intentar extorsionarlo.
El equipo de abogados del mexicano explicó que la jueza del Principado de Andorra, Stéphanie García, ha presentado como prueba un supuesto argumento que carece de sustento para acusarlo de lavado de dinero, lo que constituye una difamación, discriminación y violación de los derechos humanos del afectado.
Además, la Fiscalía General de la República de México, a través de su oficina de asuntos internacionales, ha emitido previamente un documento de asistencia jurídica en favor del empresario mexicano, donde se precisa su inocencia respecto a los delitos mencionados. En este documento se manifiesta la inexistencia de pruebas para imputarle alguna conducta ilícita, y se hace un llamado al Principado de Andorra para que respete los acuerdos internacionales y no violente los derechos del mexicano.
El abogado de otro de los empresarios, Antoni Riestra, confesó que mantiene una amistad con la jueza Stéphanie García, y es el único abogado que la jueza permite para su representación. Riestra mencionó que García le comentó en privado que no confía en la información oficial proveniente de México debido a la corrupción, un insulto desvergonzado y contraproducente, dado que el Principado de Andorra ha solicitado en numerosas ocasiones asistencia judicial a México, y cuando la información no opera a su favor, deciden desconfiar de su veracidad.
Expertos juristas mexicanos han reclamado que, si la información enviada al Principado de Andorra favorece a sus clientes y demuestra su inocencia, las autoridades andorranas automáticamente la consideran poco confiable. Esta situación vulnera la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales.
Cabe mencionar que la jueza Stéphanie García ha estado a cargo de diversos casos de persecución contra empresarios extranjeros que en algún momento invirtieron sus capitales en el Principado de Andorra. Bajo acusaciones infundadas, ha sido causante del despojo de cuentas bancarias de dichos empresarios.
Una vez más, intenta criminalizar a un empresario, operando uno de tantos despojos que ocurren en ese país, donde por error depositaron su dinero. A diez años de la liquidación de la Banca Privada de Andorra (BPA), el Estado se ha apropiado de su dinero sin ningún elemento que compruebe que provenga de una actividad ilícita y sin opción a defenderse, ya que las acusaciones en su contra se han basado en suposiciones infundadas.
Lo más grave ha sido la intimidación en contra del empresario e incluso intentos de extorsión por parte de los funcionarios cómplices, Stéphanie García y Joan Carles Moynat Rossell, quienes, mediante amenazas de órdenes de aprehensión, pretenden que los empresarios renuncien a parte de su patrimonio. La situación se agravó poco después de que se le ofreciera al empresario renunciar al 70 % de la totalidad de los fondos retenidos a cambio de que se levantaran las medidas cautelares del proceso, una propuesta que el empresario rechazó rotundamente.
Actualmente, el empresario mexicano confía en el apoyo de las autoridades mexicanas competentes para defender sus derechos ante las acusaciones arbitrarias de las autoridades de Andorra. En espera de los avances de sus abogados, confía en obtener una resolución a su favor para recuperar su patrimonio y aclarar las acusaciones injustas que se han hecho en su contra.