En 2019, el periodista Juan Pablo Barrientos publicó el libro Dejad que los niños vengan a mí, en el que revelaba una serie de casos de presunto abuso sexual por parte de sacerdotes en varias regiones de Colombia.
El libro no solo fue uno de los más vendidos y sufrió intentos de censura por parte de algunos miembros de la Iglesia católica, sino que se convirtió en el punto de partida de una noticia que sacudió este viernes a la muy religiosa sociedad colombiana. Una víctima lo leyó y tomó impulso para denunciar a otros sacerdotes. La denuncia oficial llegó a la Fiscalía y al conocerla, el arzobispo de la Arquidiócesis de Villavicencio decidió suspender a 19 religiosos de su clero.
“Teniendo como prioridad a la presunta víctima, le expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad y le hemos ofrecido un acompañamiento psico-espiritual.
Ratificamos nuestro compromiso de actuar con claridad y transparencia para el bien de él y de la Iglesia”, publicó el arzobispo de Villavicencio, monseñor Óscar Urbina, en un acto que fue aplaudido y considerado valiente por muchos sectores. Urbina comienza el comunicado a la opinión pública señalando que tomó esta decisión “en virtud de la responsabilidad humana” y atendiendo a la política de “tolerancia cero con los abusos sexuales” del Papa Francisco.
Urbina invita también a denunciar “situaciones en donde alguno de nuestros miembros eventualmente haya traicionado su vocación de servicio”.
Así, -dice el arzobispo- no solo están dispuestos a colaborar con la investigación judicial sino que optaron por suspender a los sacerdotes implicados. “Esperando el inicio de proceso canónico penal y respetándoles el debido proceso”, explicaron. De acuerdo con Barrientos, autor del libro sobre la pederastia en Colombia, “estos religiosos operaban en Italia, San José del Guaviare (sudeste colombiano) y Estados Unidos”. Aunque ya se han difundido los nombres de los implicados y se sabe que uno de ellos trabajaba en la diócesis de Dallas (Texas), aún no se conocen detalles de la investigación ni el grado de participación de cada uno de ellos en el abuso al entonces menor de edad. La víctima es testigo protegido de la Fiscalía.
La suspensión de los religiosos mientras se desarrolla la investigación es considerada una acción inédita en Colombia. Según el libro de Barrientos, las cifras de casos de pederastia en el país sudamericano son mayores a las que reflejan las autoridades civiles y de la Iglesia: “el cardenal Rubén Salazar dijo el 11 de marzo de 2019 que son más de cien los casos de sacerdotes pederastas y abusadores en todo el país; la Fiscalía general dice que solo tiene 57 denuncias. Pero su investigación-basada en decenas de denuncias a las que ha tenido acceso y después de entender la figura del Archivo secreto y las dinámicas del derecho canónico– contradice esos números”.
Desde que lanzó su libro el periodista ha recibido 200 denuncias de nuevas víctimas y emprendió acciones legales para acceder al Archivo Secreto, el documento que tienen las arquidiócesis sobre los sacerdotes bajo su jurisdicción. La Iglesia en Colombia se ampara en dos artículos del Concordato firmado entre este país y la Santa Sede, que separan la legislación canónica de la civil. Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia le ordenó a la Arquidiócesis de Medellín y a la organización religiosa Pía Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de la capital antioqueña, entregarle la información que había solicitado sobre otros sacerdotes denunciados por abuso sexual de menores. Algo que junto a la suspensión de los religiosos de Villavicencio puede ampliar aún más la magnitud de las denuncias sobre pederastia en la iglesia colombiana.