Mérida, 8 de diciembre.- El senador Jorge Carlos Ramírez Marín expresó su oposición a la iniciativa de cobrar 42 dólares por turista a los pasajeros de cruceros, argumentando que no debe aplicarse de forma uniforme en todas las regiones del país. Según el legislador, no es equitativo comparar destinos turísticos consolidados, como Los Cabos en Baja California, con puertos en desarrollo, como Progreso en Yucatán.
“Puerto Progreso necesita más apoyo e infraestructura para crecer, no puede tratarse igual que destinos consolidados como Cozumel o Cabo San Lucas. Los tipos de turismo son distintos entre el Pacífico y el Atlántico, y este cobro uniforme podría desincentivar la llegada de turistas a nuestra región”, señaló el senador.
Ramírez Marín subrayó que, aunque considera positivo que los turistas aporten recursos para fortalecer proyectos prioritarios y mejorar servicios, estos ingresos deben ajustarse a las necesidades locales y fomentar el desarrollo de destinos emergentes como Progreso.
Preocupación por los recortes presupuestales
El senador también advirtió sobre la difícil situación financiera que enfrentan los municipios yucatecos debido a los recortes presupuestales y al cambio de administraciones. Señaló que muchas localidades no cuentan con recursos suficientes para cubrir gastos esenciales como nómina, deudas y mantenimiento de infraestructura.
“No tienen dinero los municipios, es una realidad. Pero los ciudadanos no pueden esperar. Se necesitan respuestas inmediatas para atender necesidades urgentes, como pavimentación, porque el estado de las calles en algunas comunidades hace casi imposible el tránsito de vehículos básicos como mototaxis”, afirmó.
Ramírez Marín instó al Gobierno estatal a gestionar de manera pronta los recursos necesarios para apoyar a los ayuntamientos en el cierre de año y cumplir con los programas prometidos durante las campañas electorales.
Propuesta de soluciones
El senador sugirió que los recursos recaudados de turistas y otras fuentes legales podrían canalizarse hacia proyectos prioritarios, como la pavimentación, que aliviarían la presión sobre los municipios y mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta declaración del legislador ocurre en un contexto de tensiones presupuestales y el debate sobre políticas fiscales en torno al turismo, un sector clave para la economía de Yucatán y el país.