CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre.— Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New York Times muestran que la fiscalía general indicó a la mayor empresa de telecomunicaciones del país que entregase registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados.
Telcel, la empresa de telecomunicaciones, reconoció en un documento judicial, revisado por el Times, que había recibido los requerimientos y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta este año. La vigilancia incluyó tanto a opositores como a aliados del partido gobernante, Morena.
Los requerimientos de la fiscalía de Ciudad de México indican que la información se buscaba en conexión con investigaciones de secuestros y desapariciones.
No obstante, la oficina de la fiscalía dice que no tiene carpetas de investigación por tales delitos y que “desmiente categóricamente” haber requerido la información telefónica de los funcionarios y políticos mencionados en la documentación.
“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona”, dijo la fiscalía. “Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.
A pesar de estas negativas, un juez federal dijo este año que la oficina de la fiscalía general de Ciudad de México había de hecho solicitado a Telcel que entregara los registros. La valoración del juez se incluyó en una demanda contra la fiscalía presentada por el alcalde de una delegación de Ciudad de México que fue nombrado en los 14 requerimientos.
Muchas de las personas nombradas en dichos requerimientos dicen que la verdadera razón por la que se les señaló era porque son blancos políticos: víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico.
México ha sido conmocionado por escándalos de vigilancia en repetidas ocasiones, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal dirigida a los mexicanos. Durante mucho tiempo, el presidente criticó a sus antecesores por esas prácticas.
Pero su gobierno ha empleado algunas de las mismas tácticas que condenaba. En la presidencia de López Obrador, el ejército del país ha utilizado en diversas ocasiones el programa espía Pegasus para vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso altos funcionarios de su propio gobierno.
El sistema de justicia se está empleando en contra de los políticos, aseguró Santiago Taboada Cortina, el alcalde que presentó la demanda de amparo. Taboada, integrante de la oposición política, ha anunciado que planea presentarse como candidato a la jefatura de gobierno de la capital en las elecciones del próximo año.
Comentó que no era “normal” que esto sucediera como resultado de sus aspiraciones.
En los casos de emergencia en donde hay una vida en peligro —como en los secuestros— la legislación mexicana permite que los investigadores obtengan de inmediato los registros telefónicos sin una orden.
Sin embargo, los fiscales están obligados a obtener una orden de un juez federal a las 48 horas de hacer el acercamiento a las empresas de telecomunicaciones, algo que la fiscalía no llevó a cabo. En los registros judiciales, los abogados de Telcel aseguraron que jamás recibieron una orden de un juez federal para entregar los registros telefónicos solicitados.
Telcel no respondió a pedidos de comentario.
Higinio Martínez Miranda, uno de los principales senadores de Morena, legislador por el Estado de México, recordó la promesa del presidente de que en su gobierno no se iba a espiar a nadie. La fiscalía general de Ciudad de México obtuvo sus datos de telefonía celular de octubre de 2021 a enero de 2021, según los expedientes de Telcel.
Martínez calificó de condenables estas acciones y rechazó haber cometido algún delito. Dijo que no tenía idea de que estuviera siendo investigado hasta que se enteró por periodistas del Times.
