Hace 12 años, cuando Juan Ignacio García Zalvidea escandalizaba con su desordenada administración en Cancún, el entonces gobernador Joaquín Hendricks Díaz afirmaba que la conducta de “Chacho” era normal al no provenir de un partido político con contrapesos internos y con un organigrama fuerte desde el cual se le exigieran cuentas.
Sin embargo, a la luz de los hechos que se registran en la vida política nacional con políticos de todos los colores involucrados en escándalos de corrupción, es insuficiente la existencia de los factores que mencionó Hendricks Díaz.
Es necesario que funcionen y no sean elementos decorativos, tal como ha quedado demostrado en los años recientes.
Pero también es imprescindible una formación ética y de responsabilidad social de los políticos.
En los años de la alternancia política en México, es decir, del 2000 a la fecha, los controles que pudieron existir en los partidos y los gobiernos empezaron a ser jubilados.
Hasta antes de que el PRI perdiera la presidencia de la República, existía lo que decía Hendricks. Los gobernadores rendían cuentas al Presidente, pero a partir del sexenio de Fox los gobernadores forjaron poderosos cacicazgos regionales.
Incluso, crearon un sindicato, la Conferencia Nacional de Gobernadores, para echarle montón al presidente en turno y les dejaran hacer y deshacer en sus territorios.
Se pensó que con el regreso del PRI a Los Pinos los gobernadores, especialmente los priistas, volverían a estar bajo la línea presidencial, pero eso no ocurrió.
El Presidente no recuperó esa capacidad de meter en cintura a los gobernadores, quizá por la ausencia de calidad moral, pues el propio Enrique Peña Nieto pronto se vio en medio de sus propios infiernos.
De hecho, observadores políticos internacionales creen que Peña Nieto paga el costo por la crisis de gobernadores.
La camada de ex y gobernadores priistas en el escándalo por corrupción eran considerados por el propio Presidente como modelo de lo que debían ser los ejecutivos estatales.
Son ejemplo de una nueva generación de políticos, presumía el Presidente.
Ahora dos de ellos son prófugos de la justicia, y un par más está acusado de corrupción y desvío de dinero público durante su gobierno.
Son los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, Guillermo Padrés, de Sonora, Roberto Borge de Quintana Roo y César Duarte, de Chihuahua.
Los cuatro hicieron y deshicieron a su antojo, a pesar de que provienen de un instituto político con suficiente órganos de control y rendición de cuentas, a pesar de que en teoría regresó el Tlatoani.
En los hechos, la lectura es que al Tlatoani se le perdió el miedo y el respeto, pero aún queda la fuerza de la sociedad.
Platea
La actuación de la policía estatal y municipal en Puerto Morelos el martes pasado, cuando repelió un ataque con palos y machetes de un grupo de invasores, fue bien vista por la mayoría de la sociedad porteña. Sin embargo, no ha faltado quien que pretenda manipular la realidad a su conveniencia, porque le interesa que continúe el desorden que siempre le ha beneficiado.
Incluso, se pretendió usar a la periodista Jazmin Rodríguez, una profesional de la comunicación local que sufrió los efectos del gas pimienta que esparció la policía para dispersar a los manifestantes, con el fin de evitar un enfrentamiento frontal. Jazmin está convencida que no fue un ataque a su libertad de expresión o por ser periodista, como se ha pretendido manejar en algunos lugares.
Jazmin ha tratado de hacer ver eso a quienes pretenden usarla con la falsa idea de que la poyan, pero los intereses de todo tipo ha cerrado ojos y oídos de sus interlocutores.
Quienes manipulan la realidad, le apuestan a que el desorden prevalezca en el Puerto y contradicen sus deseos de que haya en la zona un desarrollo ordenado. No lo puede haber en el caos que defienden.
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