A un mes del cambio de administración en los 11 municipios de Quintana Roo, el silencio sobre las gestiones pasadas es evidente, quizá porque ocho de los alcaldes repiten en el cargo por reelección y no les conviene “dispararse en el pie”.
La falta de atención a las necesidades más básicas de los ciudadanos, como la recolección de basura, el alumbrado público, el bacheo, la ayuda social y la seguridad preventiva, es evidente a través de las constantes quejas de diversos grupos. Aunque algunos no se atreven a expresar sus inquietudes en público, en reuniones privadas alzan la voz.
Por ejemplo, los hoteleros reclaman que en los municipios con alta vocación turística, como Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum, Bacalar y, por ende, Chetumal como capital del estado, la seguridad pública debe ser una prioridad. Ya no sorprende a nadie que en estas zonas los homicidios se hayan convertido en “el pan nuestro de cada día”.
No lo digo yo; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que en Quintana Roo, de enero a septiembre, se han cometido 40,802 delitos del fuero común, con un promedio mensual de 4,533.5 hechos. Si lo desglosamos por día, serían 151.11 delitos diarios.
Indaguemos más en estos flagelos sociales que perturban la paz y tranquilidad de los habitantes y, desde la perspectiva empresarial, inhiben las inversiones. Si Quintana Roo fuera un lugar más seguro, la llegada de inversiones sería aún mayor. En cuanto a la tasa de homicidios culposos, Quintana Roo supera la media nacional con 3.53 casos por cada 100,000 habitantes. El robo a negocios es otro de los males del estado, con 9.13 incidentes por cada 100,000 habitantes; las violaciones alcanzan 3.26 casos por cada 100,000 habitantes; y la violencia intrafamiliar llega a 34.83 incidentes por cada 100,000 habitantes.
Pero donde realmente Quintana Roo se lleva el primer lugar es en la trata de personas: con 0.85 casos por cada 100,000 habitantes, encabeza esta lamentable estadística entre las 32 entidades del país.
Esto indica la existencia de mafias especializadas que van más allá del narcotráfico. Por cada operativo exitoso que logra detener a los culpables y liberar a las víctimas, existe un 80% de casos que pasan desapercibidos.
Si las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) no se unen para enfrentar este problema de inseguridad, cada vez más perderemos a nuestra sociedad, especialmente a nuestros jóvenes y mujeres de entre 18 y 25 años. Lo más lamentable es que nuestro paraíso seguirá tiñéndose de rojo. Ahí se los dejo…
SASCAB
La XVIII Legislatura está acelerando el paso en cuanto a los temas coyunturales de Quintana Roo, al grado de aprobar en lo general la cuenta pública de 2022, el año de transición entre el gobierno de Carlos Joaquín González (2016-2022) y el de Mara Lezama (2022-2027). Se han detectado faltantes por casi 20 millones de pesos que no han sido solventados.
Los faltantes incluyen 2,708,105.96 pesos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo (Cecyte) bajo la administración de Carlos Mario Uc Sosa; 3,064,800 pesos en el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) cuando lo dirigía Darío Flota; 7,912,472 pesos en el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo a cargo de Jaqueline Estrada Peña; y 790,850.63 pesos en la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo), bajo la rectoría de Francisco López Mena.
Esperemos ver qué acciones tomará la Auditoría Superior del Estado (ASE) en cuanto a estas observaciones que aún no prescriben. Al tiempo…