Tribunal confirma suspensión de la reforma judicial y frena preparativos electorales del INE

 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2024.- Un tribunal federal desestimó la impugnación presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y confirmó la suspensión provisional que ordena frenar la implementación de la reforma judicial y los preparativos para la elección de juzgadores en 2025.

El fallo, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco, ratifica la decisión tomada el pasado 14 de octubre por la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, quien ordenó al INE detener la organización del proceso electoral extraordinario de 2025 y la aplicación de los apartados de la reforma.

Argumentos del INE desestimados

El INE había argumentado que la jueza Ruiz Márquez se extralimitó en sus funciones al dictar la suspensión, ya que los actos impugnados son de naturaleza electoral y no administrativa. Asimismo, sostuvo que los preceptos de la Constitución no pueden ser objeto de revisión por su constitucionalidad.

Sin embargo, el tribunal rechazó estos argumentos, señalando que la suspensión tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de los juzgadores, quienes podrían perder sus empleos debido a la reforma.

Interés social y derechos fundamentales

El fallo subraya que la medida cautelar busca salvaguardar los derechos de los afectados mientras se resuelve el fondo del amparo. Según el tribunal, la suspensión no afecta el orden público ni el interés social, y existe “la apariencia del buen derecho” en el caso.

Impacto y próximos pasos

La resolución representa un revés para el INE, que deberá abstenerse de realizar cualquier actividad relacionada con la reforma judicial y la elección de juzgadores hasta que se determine la suspensión definitiva o el fallo de fondo en el amparo.

Este fallo podría tener implicaciones importantes para los procesos electorales de 2025, así como para la implementación de la reforma judicial, que ha generado controversia en diversos sectores por su impacto en la independencia y estabilidad de los juzgadores.

Las partes involucradas continuarán presentando sus argumentos en las instancias correspondientes mientras el caso sigue su curso en los tribunales.

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