Mérida, Yucatán, 27 de enero (InZoomMx).- El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de Mérida, Yucatán, concedió una suspensión definitiva que detiene las obras en los tramos 5 Norte, 5 Sur y 7 del proyecto Tren Maya.
La resolución dada a conocer por la organización ambientalista Greenpeace a través de un comunicado de prensa, subraya la importancia de garantizar principios ambientales clave como prevención, precaución e in dubio pro natura (ante la duda, a favor de la naturaleza).
Comunidades y organizaciones celebran la decisión
El amparo, interpuesto por comunidades indígenas, campesinas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo junto con organizaciones civiles, cuestiona la falta de cumplimiento de las condiciones ambientales necesarias para proteger el derecho a un medio ambiente sano.
Estudios pendientes frenan avances
El Tribunal inició que las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, por sí solas, no son suficientes. Exigió la realización de estudios geológicos, geohidrológicos y geofísicos, así como la evaluación de sus resultados por la autoridad ambiental, antes de continuar con las obras en los tramos 5 Norte y 5 Sur, que abarcan desde Cancún hasta Tulum.
En el caso del tramo 7, que abarca Escárcega a Chetumal, se identifican más de 12 condicionantes ambientales incumplidas, incluyendo programas de rescate de flora y fauna y planes de mitigación de contingencias. Hasta ahora, no existe evidencia de que dichas condiciones hayan sido solventadas.
Críticas a los retrasos y prioridades del proyecto
A pesar de la suspensión, comunidades y activistas señalan que el fallo llega tarde, ya que las obras han avanzado considerablemente. Esto pone en duda la efectividad del juicio de amparo como herramienta de protección ambiental. También se criticó que factores como el crecimiento económico y el gasto público sigan prevaleciendo sobre la conservación ambiental.
Un avance en la defensa del medio ambiente
Sin embargo, la resolución establece una clave precedente: la simple existencia de autorizaciones no garantiza el cumplimiento de los principios ambientales ni la protección de los derechos humanos. Además, se mantiene abierta la posibilidad de analizar a fondo las violaciones de derechos humanos en el juicio principal, aún pendiente.
Llamado a priorizar la protección ambiental
Las comunidades afectadas y organizaciones civiles hicieron un llamado al Juzgado Primero de Distrito en Mérida para que evalúe el caso priorizando la defensa de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. “Es imperativo garantizar que los efectos de la sentencia estén a la altura de los daños ambientales y sociales ocasionados”, señaló.
El Tren Maya, diseñado como un proyecto emblemático del desarrollo en la región, enfrenta ahora un reto significativo en su ejecución. Mientras tanto, las voces de la Península de Yucatán reafirman su lucha por la protección de la naturaleza y el derecho a un futuro sostenible.