La Casa Blanca dijo este viernes que el gobierno estadounidense no planea movilizar agentes de la Guardia Nacional para controlar a personas que no sean ciudadanos y que estén ilegalmente el país, tras un reporte de prensa que sostuvo que la idea estaba siendo analizada por el equipo del presidente Donald Trump.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo a periodistas que no podía decir categóricamente que la posibilidad nunca había sido discutida.
La agencia de noticias Associated Press reportó que la idea de movilizar a 100 mil agentes de la Guardia Nacional era parte de un borrador de memorando que circulaba en el gobierno.
Spicer descartó la posibilidad de que eso ocurra. “No hay ninguna intención de usar la Guardia Nacional para controlar la inmigración ilegal”, destacó. “Eso es 100 por ciento falso”.
El gobierno del presidente Donald Trump estudia una propuesta de movilizar hasta 100 mil efectivos de la Guardia Nacional para que participen en redadas de inmigrantes ilegales, millones de los cuales viven en lugares muy alejados de la frontera con México, según un borrador de memorando obtenido por The Associated Press.
El documento de 11 páginas llama a una militarización sin precedentes en la aplicación de las leyes de inmigración en sitios tan al norte del país como Portland, Oregon, y tan al este como Nueva Orleans, Luisiana.
El proyecto incluye cuatro estados fronterizos con México — California, Arizona, Nuevo México y Texas— y otros siete contiguos a esos cuatro: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Luisiana.
Los gobernadores de los 11 estados tendrían poder de decisión sobre la participación de sus efectivos, de acuerdo con el memo escrito por el secretario de Seguridad Nacional, el general de Marines retirado John Kelly.
Se han utilizado efectivos de la Guardia Nacional en misiones relacionadas con la inmigración en la frontera con México, pero nunca de manera tan amplia ni tan al norte del país.
El memo está dirigido a los entonces directores interinos de dos agencias: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se supone que el memorándum serviría de guía para la aplicación del decreto ejecutivo sobre inmigración y seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero. Memos como éste son el complemento habitual de las órdenes ejecutivas.
El proyecto, fechado 25 de enero, dice que la tropa participante estaría autorizada a “realizar las funciones de un agente de inmigración en relación con la investigación, aprehensión y detención de extranjeros en Estados Unidos”.
Dice que los efectivos serían activados de acuerdo con un programa de colaboración entre los estados y el gobierno federal y dice que el personal estaría autorizado a realizar cateos e identificar y arrestar a inmigrantes no autorizados.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a los pedidos de declaraciones.
El borrador circula entre el personal de Seguridad Nacional desde hace dos semanas. El viernes, empleados de diversas oficinas informaron que se habían iniciado las discusiones respectivas.
En caso de aplicarse, la medida tendría consecuencias significativas. Casi la mitad de las 11.1 millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización viven en 11 estados, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigaciones Pew, con base en el censo de 2014.