“Éramos muchos y parió la abuela”, dice conocido refrán mexicano que sirve para enfatizar un momento difícil que se agrava con un contexto inesperado.
Eso fue lo que ocurrió con la llegada de Uber a Cancún.
Si de por sí el sistema de transporte urbano es convulso, desordenado, que privilegia los intereses particulares por encima de los usuarios, el inicio de operaciones de Uber vino a “calentar” de más el contexto de transición por el que atraviesa el estado que a partir del próximo domingo estrena gobernador.
Desde su aparición en 2009, Uber revolucionó el servicio de taxi en el mundo al conectar a los pasajeros con automovilistas particulares registrados en su plataforma y genera polémica, así como fuertes inconformidades en cada lugar donde inicia operaciones.
Es común que opere, incluso, al margen de legislaciones federales en los países donde ya entró y en la mayoría de las veces, a pesar de las inconformidades, las autoridades terminan por permitir su funcionamiento a pesar de no cumplir con las leyes locales.
En Buenos Aires, por ejemplo, sigue operando a pesar de una acción judicial que ordenó suspender el servicio, debido a que la empresa no tiene registro fiscal en Argentina y tampoco solicitó permisos ante el Ministerio de Transporte.
En Colombia también opera a pesar de que no cumple con las leyes de ese país sudamericano que, entre otras cosas, exige que el servicio de taxi cuente con seguro de viajero, entre otros requisitos.
El inicio de operaciones en Cancún también contraviene leyes locales que, entre otras cosas, exigen que la prestación del servicio de taxi se ofrezca siempre y cuando se cuente con concesiones estatales.
Si bien es cierto que el Caribe Mexicano no puede aislarse de las tendencias mundiales en cualquier rubro, ello no puede darse al margen de la ley y que, en el caso del transporte, el momento actual es la coyuntura perfecta para de una vez por todas imponer orden, pues ya no debe permitirse que los grupos involucrados en el negocio hagan y deshagan a su antojo.
Los sindicatos de taxistas, incluso el servicio que ofrecen sus agremiados, son generalmente mal valorados por la sociedad, debido a malos manejos que tradicionalmente se ha dado en esos organismos, incluyendo el acaparamiento de concesiones por unos cuantos que atenta contra los intereses de quienes están al frente del volante.
Los choferes están generalmente a merced de los dueños de las concesiones, difícilmente acceden a esos permisos y deben cubrir cuotas por diferentes conceptos que mensualmente llegan a sumar $1,500 para poder trabajar, en el caso de Cancún, además de un promedio de $300 diarios por la renta del vehículo, es decir, casi $11,000 mensuales, más gasolina, antes de empezar a obtener ganancias.
Sin embargo, Uber no es la panacea a esos “males” y aunque ha lanzado una oferta hostil a los choferes de los sindicatos de taxistas para optar por esa plataforma, en los hechos los “martillos” solo cambiarían de capataz. La única diferencia es que los líderes sindicales son de carne y hueso a los que les pueden mentar la madre y lograr ser escuchados y del otro lado sólo está la frialdad de un sistema de algoritmos que se queda con el 25% de los ingresos de cada chofer sin nada más a cambio, sin seguro de invalidez o defunción, por ejemplo, y sin ninguna responsabilidad social.
Aún así, Cancún tiene que estar a la vanguardia e incrustarse en ese tipo de corrientes. Es normal que haya resistencias.
Los directivos de Turicun promovieron bloqueos cuando Autocar empezó a funcionar a mediados de los 90. La iglesia católica mandó quemar vivos a quienes en el siglo XVI simpatizaban con el protestantismo, luego de acusarlos de herejes.
El ser humano se incomoda con la competencia, suele combatirla, pero sólo con ella podemos mejorar, siempre que haya orden y se cumpla con la ley.
Hacia allá se deben enfocar las baterías. Muy bien que llegue Uber y que lo hagan también otras plataformas similares, pero que sea con orden, de mano de la ley, sin ventajas económicas o políticas.
Más allá del entusiasmo que genera la llegada de Uber en un sector de la población, hay que analizar sus pros y contras.
Hay que exigirle a Uber y a otras plataformas similares que pretenden entrar a Quintana Roo que cumplan con la ley, pero también hay que hacer a un lado el proteccionismo político tradicional a los sindicatos de taxistas y obligarlos también a mejorar su servicio.
Que haya piso parejo. A final de cuentas, el usuario será el beneficiado.
Luneta
Hace unos días se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad decidió aplicar una tarifa menor a Puerto Morelos en el cobro de la luz. Fue una larga lucha que emprendió la propia comunidad que demostró que más allá del protagonismo de políticos que han ofrecido lograr lo mismo para todo el estado sin conseguirlo, se puede tener éxito ante esa paraestatal.
Lo malo es que sigue habiendo gente que gusta saludar con sombrero ajeno, pues ese logro de la comunidad se la agenciaron como suyo la diputada federal panista Patricia Sánchez Carrillo y el concejal Felipe Argüelles Ordóñez.
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