Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años de edad, originaria de Sonsonate, El Salvador, recibió una “visa humanitaria” para residir en México junto con sus dos hijas. Ese permiso se otorga en una situación de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona solicitante en su lugar de procedencia.
Ella provenía del país más pequeño en Centroamérica, El Salvador, uno de los más densamente poblados, con 6,4 millones de habitantes, con niveles persistentemente bajos de crecimiento económico, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
El crimen y la violencia han sido una amenaza para el desarrollo social y el crecimiento económico en El Salvador y están entre los principales motivos por los que al menos 1,5 millones de salvadoreños migraron. Además, hay que considerar que, principalmente en los últimos años, el istmo se ha visto afectado por fenómenos naturales, como terremotos y huracanes, que han causado graves daños y muerte.
Muy posiblemente alguna de esas fue la causa por la que Victoria abandonó su país junto con sus hijas para venir a México… a morir a manos de policías que, presuntamente, acudieron para atender un llamado sobre una mujer que alteraba el orden en estado de ebriedad.
Victoria fue sometida por cuatro policías municipales, quienes se excedieron en el uso de la fuerza y le causaron la muerte, a pesar de que hay constancia de que su resistencia fue mínima. Todo quedó grabado en videos que se “viralizaron” y generaron repudio nacional e internacional.
La escena trajo a la memoria lo ocurrido a George Floyd, un afroamericano que en mayo de 2020 fue sometido por policías en Minneápolis, Estados Unidos, quienes le causaron la muerte de manera parecida.
Los vergonzosos hechos tienen a Tulum en el centro de una tormenta. David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de ese municipio, considera que la prioridad en ese destino turístico es tener una policía municipal eficiente y confiable, dado que la actual “está convertida en el principal problema y eso es preocupante”.
Hasta ahora el discurso del dirigente se había enfocado en el orden en el desarrollo urbano y la necesidad de dotar a la población y a la zona hotelera de los servicios públicos necesarios para mejorar la atención al turista: un sistema de recolección de basura eficiente y un relleno sanitario que evite los tiraderos al aire libre; drenaje sanitario y plantas recicladoras de aguas negras que eviten la contaminación de cenotes y del manto freático.
Hoy las cosas son diferentes y no es gratuito: el tráfico de drogas ha crecido y se realiza a todas horas y en cualquier lugar; los ajustes de cuentas entre células del crimen organizado son tan frecuentes como las fiestas raven, que han sido fuente de contagios de la covid-19.
El caso, sobre el cual ya se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no habrá impunidad, confirma que los esfuerzos por contar con una policía eficiente, cercana a la población, capacitada y bien equipada, como propuso el secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, quien fue separado del cargo en tanto se concluye la investigación en torno a los sucesos del 9 de noviembre en Cancún, confirma que su estrategia no tuvo el éxito esperado.
Y es que lo sucedido en Tulum es sólo un capítulo más de los hechos protagonizados por la Policía Quintana Roo, la misma que el 9 de noviembre disparó contra una manifestación de mujeres en la Plaza de la Reforma de Cancún, resultando heridos de bala dos periodistas, un varón y una mujer, y una de las manifestantes. Hasta hoy no se ha dicho quién dio la orden de disparar.
Y qué decir de la salvaje agresión a Adisbel Pupo Núñez, el diciembre de 2018. La cubana avecindada en Chetumal fue víctima de su agresor, quien hasta hoy se encuentra “prófugo”, de los policías que lo detuvieron y lo presentaron, a pesar de que constataron la gravedad de las lesiones que infligió, ante un juez de paz en vez de llevarlo al Ministerio Público, y del propio juez que lo liberó.
La contundencia con que ofrece hoy actuar la Fiscalía ¿es la misma que en esos casos? Sin duda, lo será.