COZUMEL, 11 de agosto.— Cinco calesas, propiedad del empresario José Julio Azcorra Rejón, han retomado su actividad en las calles de Cozumel después de que las autoridades municipales acataran finalmente un amparo definitivo que habían ganado desde 2020 en contra de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo.
Representantes de las organizaciones protectoras de animales Hope Pro Defensa Animal y No Calesas en Cozumel han denunciado que estos proveedores de servicios turísticos habían sido previamente retirados de las calles en cumplimiento de la ley, pero ahora han regresado a trabajar.
José Julio Azcorra defendió su proyecto y explicó que operan dentro del marco legal sin violar ninguna ley. Según sus propias palabras, la autoridad municipal en el trienio 2018-2021 había rechazado aceptar la sentencia de amparo definitivo 8/2020, una postura que también se mantuvo durante el período 2021-2024. Sin embargo, finalmente han aceptado el dictamen del juez, permitiendo que las calesas vuelvan a operar.
Azcorra Rejón reveló que después de presentar la primera carreta eléctrica el 23 de septiembre de 2022 y anunciar su intención de reemplazar las 10 calesas tiradas por caballos, el ayuntamiento se negó a autorizar el proyecto y los remitió al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) para iniciar el trámite, el cual no ha avanzado desde entonces.
En una conversación telefónica, el empresario confirmó que desde el 9 de agosto cinco de las 10 calesas que posee han vuelto a operar, y las autoridades municipales ya tienen conocimiento de ello, ya que fueron notificados por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo.
Agregó que representantes del ayuntamiento le han informado que harán una comunicación oficial a la comunidad en general para compartir las condiciones y resoluciones del juez federal que les ordena retomar su actividad, lo que implica que la Dirección de Transporte de Cozumel debe renovar los tarjetones de identificación de los operadores de las calesas.
En cuanto al ámbito estatal en materia de transporte, también se espera que no enfrenten problemas para iniciar el trámite de derechos de aplacamiento que previamente les había sido denegado bajo el argumento de que existía una prohibición legal para prestar el servicio.
“En relación con los caballos, el municipio sabe que cumplimos con los requisitos, y en cuanto a las placas, también se les ha notificado”, señaló Azcorra Rejón. Afirmó que nunca se ha negado a realizar la transición al sistema de propulsión eléctrica para reemplazar la tracción animal, pero lamentó que hasta la fecha el IMOVEQROO haya dilatado ese proceso.
La sentencia de amparo 08/2020 ganada en contra de la Ley de Bienestar Animal de Quintana Roo establece que el empresario no está sujeto a la fracción IX del artículo 40, la cual prohíbe “el uso y tránsito de animales en vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas, incluyendo las calesas con fines turísticos. En el caso de uso agropecuario, se procurará en la medida de lo posible la transición a alternativas mecánicas”.