La transnacional Vulcan Materials Company, empresa madre de la minera Calica en Quintana Roo, calificó de “arbitraria” la clausura de sus instalaciones y, tras recalcar que “la empresa cree firmemente que esta acción del gobierno mexicano es ilegal”, adelantó que “pretende buscar vigorosamente todos los caminos legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar sus operaciones normales”.
En un comunicado dirigido a sus inversionistas, el gigante estadunidense aseveró que “tiene todos los permisos necesarios para operar”, así como el derecho a “exportar los inventarios disponibles y listos para su cargamento en el puerto”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó hoy que, en “días recientes”, agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron una “visita de inspección” a la mina, en la cual determinaron “la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”, por lo que impusieron “las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”.
En la mañana de ayer, soldados de la Secretaría de Marina se postraron en la entrada de la empresa, ubicada en la entrada poniente de la carretera 307, y alrededor de las 2:00 de la tarde la empresa fue notificada del cierre de sus actividades, incluyendo la extracción de minerales por debajo del nivel del mar.
El cierre total de Calica ocurre en medio de una serie de señalamientos y críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la minera, y a meses de darse a conocer el resultado de una demanda de arbitraje internacional, en el que la empresa reclama mil 529 millones de dólares al Estado mexicano por supuestas violaciones a sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Desde principios del año, López Obrador ha acusado a Calica de conspirar contra el Tren Maya en represalia a la negativa del gobierno federal de otorgarle permisos para operar. El mandatario ha tratado de convencer a los dueños de la empresa de convertir su explotación en un parque acuático y hotelero, como los que desarrolla su amigo Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta y supervisor honorario del Tren Maya.
En 2018, la Profepa ya había clausurado las operaciones de Calica en un predio llamado El Corchalito, y había confirmado la prohibición de iniciar actividades en el predio La Adelita.