La Decimoquinta Legislatura del Congreso de Quintana Roo ha decretado las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera, luego de que todos los grupos parlamentarios y los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, avalaron las modificaciones que permitirán poner orden a las finanzas estatales.
En la sesión ordinaria número 20, cuya Mesa Directiva estuvo presidida por la diputada Gabriela Angulo Sauri, el Pleno Legislativo realizó el cómputo de votos con las actas de cabildo recibidas, en donde los ayuntamientos aprobaron la minuta proyecto de decreto aprobada el 25 de octubre de 2016.
El presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Martínez Arcila informó que con este decreto el Congreso de Quintana Roo cumple con la armonización de las reformas constitucionales federales, y se incorporan a la Constitución local los principios generales para la autorización de empréstitos, su destino, su garantía, su ejercicio y la transparencia en la rendición de cuentas.
Por su parte, el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, precisó que las reformas constitucionales que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, establecen: la prohibición de contratar deuda pública para el gasto corriente, la obligación de liquidar pasivos de corto plazo a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno y la prohibición de contratar financiamiento público durante esos tres meses.
El paquete de reformas en materia de disciplina financiera está conformado, además de estas modificaciones constitucionales, por la nueva nueva Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, por reformas Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado Quintana Roo, a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
En la misma sesión, la Decimoquinta Legislatura autorizó al Ayuntamiento de Puerto Morelos, a celebrar el convenio correspondiente para incorporar al personal directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la Ley del ISSSTE.
En su intervención, los diputados Ramón Javier Padilla Balam, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y el diputado Juan Ortiz Vallejo de la fracción parlamentaria de MORENA, coincidieron que con esta decisión se garantiza y defiende todos los derechos laborales de los trabajadores del municipio de Puerto Morelos.
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) integrada por las diputadas Mayuli Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia Solís Salazar y los diputados Eduardo Martínez Arcila, Jesús Zetina Tejero y Fernando Zelaya Espinosa, presentaron una iniciativa de reformas al artículo 89 BIS del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el que se busca incrementar las penas en contra de quienes cometen el delito de feminicidio y facilitar la acreditación del tipo penal.
La fracción parlamentaria del PAN considera que algo está fallando en el andamiaje jurídico, pues hasta principios del 2016 no se había sentenciado a persona alguna por feminicidio en la entidad, a pesar de los altos índices de delitos relacionados con la violencia de género, como la desaparición de más de 269 mujeres entre enero de 2014 y agosto de 2015, o los más de 150 asesinatos de 2012 a 2014, según cifras del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNE).
“Estas cifras dan pie a una duda razonable que algo está fallando en el andamiaje jurídico, que la falta de resultados responde a la propia redacción del artículo 89 bis del Código Penal para el Estado”, señala el documento.
La iniciativa, que fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis, propone dar 40 a 60 años de prisión, a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
La presidenta de la mesa directiva del segundo mes del actual periodo ordinario de sesiones, diputada Gabriela Angulo Sauri, dio cuenta de las acciones realizadas durante su gestión en dicho cargo.
Los diputados Jesús Zetina Tejero y Juan Ortiz Vallejo, resultaron electos por el Pleno Legislativo, como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva del Tercer Mes del actual periodo de sesiones, y entrarán en funciones el próximo martes 8 de noviembre de 2016.